viernes, 22 de agosto de 2008

LA LEY Y EL ORDEN EN MÉXICO

Teresa Carreón

Ponerse de acuerdo en materia de seguridad en este país, está resultando una tarea extenuante sobre todo cuando el interés político, está muy distante del de la ciudadanía, lo que resulta en enormes ganancias para la delincuencia.

Según la criminología y la sociología, los terrenos propicios para la realización de delitos son: más población joven = más delito; más ocio en la población joven, definido como tiempo fuera de la familia y de la escuela = más delito; más desempleo = más delito; más inequidad en la distribución del ingreso = más delito; menor consumo per cápita = más delito; más urbanización (mayor concentración urbana) = más delito. Según estas afirmaciones, tendríamos que estar escondidos debajo de la cama para no ser sujetos de algún acto criminal.


En Francia, desde el proyecto Bonnemaison, se han extendido por gran parte de ese país los "Contrats Locaux de Securitè" (Contratos Locales de Seguridad), puestos en marcha en 1982. Las recomendaciones del proyecto Bonnemaison pueden ser agrupadas en siete grandes ámbitos: vivienda pública, inmigración, escuela, policía, administración de justicia y ayuda a las víctimas, formación profesional y una de carácter general: la capacidad de los alcaldes en la coordinación de los diferentes recursos.

Estados Unidos, entre 1980 y 2000 aumentó la policía en un 50 por ciento y la población penitenciaria en más de 300 por ciento, con lo que consiguió un impacto importante en la reducción del delito del 35 por ciento. Sin embargo, es preciso advertir que ese país se encontraba con un notable crecimiento de su economía, una situación de casi pleno empleo, y una reducción considerable del número de jóvenes, población a la que se atribuye tener correlación directa con la tasa de criminalidad.

El ideal de vivir en sociedades con altos índices de seguridad, con habitantes y grupos sociales integrados, entre los cuales no existan grandes distancias sociales ni económicas, situaciones que salvaguardan las libertades individuales y de interacción personal, se diluye en una oscura y densa realidad.

Sería sensato, para reducir la incidencia del delito, actuar sobre las variables que aparecen asociadas al mismo. Entonces, realizar acciones destinadas a que ninguna persona en edad escolar quede fuera de la escuela, atacaría la variable de, cuanto más joven es la población de un país, tanto más delito existe, y a mayor tiempo fuera de la escuela y de la familia, mayor es la incidencia delictiva. Apostarle al cierre de planteles educativos, como lo propone Elba Esther Gordillo, es estar garantizando el dorado porvenir de bandas delincuenciales.

Además de que la educación es un derecho humano fundamental de los niños, previene el delito de forma menos costosa que la de la justicia penal. La investigación realizada en Estados Unidos, de la Corporación RAND relacionada con los costos de prevenir el delito, demuestran que aumentar los años de pena de prisión requeriría aumentar los impuestos en 228 dólares por cada hogar del país; mediante programas de libertad condicional, o período de prueba (probation), requeriría 118 dólares; utilizando programas de capacitación de padres, 48 dólares; y por medio de incentivos para que los jóvenes terminen la escuela, 32 dólares.

De manera similar, un análisis en los Países Bajos permitió demostrar que el reforzamiento de la prevención social resultaba económicamente más conveniente que la incorporación de 1.000 agentes policiales, o el mantenimiento de la situación existente. Sobre esa base, el Gobierno de los Países Bajos acordó redistribuir la cantidad de 100 millones de dólares para mejorar durante cinco años la prevención social.

Otra variable analizada por expertos es la correlación urbanización-delito, la cual se ve potenciada cuando se trata de urbanización con hacinamiento, con desempleo, con inequidad y con sectores poblacionales excluidos, sin acceso a los servicios esenciales. La Cepal indica que entre 1980 y 2000 la población urbana en situación de pobreza se duplicó con creces en América Latina. Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de la prevención por medio de la gestión municipal, con políticas integrales que adopten los municipios como centros geográficos esenciales.

En Nápoles, durante los primeros días de diciembre de 2000, se firmó el "Manifiesto de las ciudades: seguridad y democracia", por representantes de 250 urbes de Europa. En él, se fija como primer punto de sus políticas en materia de seguridad la "tolerancia cero", pero a diferencia de las políticas del exalcalde Rudolph Giuliani, de Nueva York, que establecían la tolerancia cero para todas las infracciones penales por mínimas que fueran, el Manifiesto las establece para la exclusión social, determinando realizar programas de prevención y tolerancia cero para la marginación (o exclusión) y respuestas y sanciones eficaces que favorezcan la integración, comprometiéndose con ello, a la prevención social o prevención primaria por excelencia.


Ése es el gran desafío que tenemos en nuestro país: la prevención social del delito a través del desarrollo social con equidad. Sin embargo, en México la ley y el orden tienen significados diferentes según se apliquen: para unos significa garantía de impunidad (fueros, tráfico de influencias, alianzas con gobernantes "preciosos", dirigencias sindicales vitalicias auspiciadas desde el poder) y para los trabajadores significa explotación diversificada (miseria, crisis de vivienda, salud y cultura y desamparo educativo con cierre de planteles). La ley y el orden mexicanos observan con un silencio cómplice, la muerte de un grupo de jóvenes asesinados en Creel, Chihuahua, mientras politiza el caso del joven Martí.

Mejor me voy con la música a otra parte, con la canción de Botellita de Jerez, "Alármala de tos": Alarma, alármala de tos, / Uno, dos, tres, / Patada y cos.

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