CONTRA EL ACTA



Teresa Carreón

En el Senado mexicano se presentaron exposiciones ciudadanas que proponen que el país abandone las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (conocido como #ACTA), ya que se considera que este instrumento internacional vulnera los derechos fundamentales y criminaliza las actividades creativas de los mexicanos, al privilegiar los poderes de las empresas trasnacionales por encima de las libertades del pueblo y los derechos fundamentales de los ciudadanos del mundo.

El tratado llamado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) establece los mecanismos para perseguir punitivamente la emisión de copias no autorizadas de música, películas, programas informáticos, libros de cultura electrónicos, chips electrónicos, medicamentos, etc. ACTA apareció de forma confidencial -solo para los cómplices del mismo-, pero gracias a una filtración en Wikileaks, ahora se sabe más del documento.

ACTA implementa un marco legal autoritario, en que garantías básicas de toda democracia como la separación de los poderes se derrumbarían, y en que poderes de policía propios de los Estados serían concedidos a empresas privadas.

Todos nos veríamos afectados por ACTA, inclusive la gente que nunca ha tocado una computadora, porque ACTA no solamente quiere controlar ciertos aspectos de internet, también quiere desaparecer la industria de las medicinas similares y de todos los laboratorios que se dedican a producir fármacos genéricos, entre otras cosas.

El control de internet no es la única ni, quizás, la más importante consecuencia de ACTA. Proporcionará a las empresas farmacéuticas medios importantes para combatir la producción de fármacos genéricos, de los que depende la vida de millones de personas en los países más pobres.

Algunos señalamientos de ACTA: la extraterritorialidad, ya que se estipula que las disputas de los inversionistas extranjeros con cualquier entidad nacional, persona o comunidad, no sean juzgados por los jueces y las leyes del país, sino por árbitros internacionales, jueces privados “de acuerdo a las costumbres del comercio internacional”. La seguridad jurídica, ya que se plantea en ACTA que si un país cambia una ley, pague a las transnacionales lo que hubieran ganado si no la hubieran cambiado. La propiedad intelectual se vuelve un tema álgido y se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: cualquier agricultor que use una semilla patentada, deberá pagar regalías a la empresa que la patentó, sin criminalizar a la transnacional que anteriormente usó ese patrimonio colectivo para obtener una variedad, generando su patente. Así, las transnacionales van imponiendo más leyes en el mundo para que los agricultores usen sus semillas patentadas, teniendo como lacayos a su servicio a los gobiernos que condicionan los subsidios o créditos al campo, al uso de las semillas registradas. La tecnología “terminator” hace que las semillas reproducidas se vuelvan estériles y haya que comprar otras para cada siembra.

varias empresas con intereses económicos en propiedad intelectual participan en el comité consultor de ACTA (entidades como Oracle, Monsanto, Time Warner, etc.). Sin embargo, no se ha invitado a ninguna organización de usuarios y a ninguna ONG.

Vista así, la “propiedad intelectual” se vuelve un coto exclusivo de las transnacionales, patentando a seres vivos de la naturaleza, reservándoselos como derecho propio y no de la humanidad, entre otros riesgos. El gran capital internacional trata de establecer una nueva constitución política mundial al poner los derechos de los inversionistas, de las empresas transnacionales, por encima de los derechos de la gente.

Mejor me voy con la música a otra parte con la canción “Tiempo de Híbridos” de Rockdrigo González: Era un gran rancho electrónico /con nopales automáticos, /con sus charros cibernéticos /y sarapes de neón.